La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el proyecto de Movilidad Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, forman parte del grupo de iniciativas legales que una vez más fueron relegadas en la legislatura ordinaria que llegó ayer a su fin. Pese a la insistencia de organizaciones de la sociedad civil, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que alertaron a los congresistas sobre la necesidad de aprobar la normativa que regirá la vida interna de los partidos políticos, la Comisión especial designada por la Cámara de Diputados para estudiar la pieza no terminó a tiempo el informe que permitiera su conocimiento en el hemiciclo. 

Los seis diputados perredeístas que formaban parte de la comisión de 15 miembros denunciaron a finales del mes pasado que el partido de gobierno, con mayoría en el Congreso, no tiene interés en hacer avanzar los trabajos, y que prueba de ello es que hasta esa fecha sólo se reunieron cuatro veces, avanzando apenas 14 de los 57 artículos del proyecto.

Estos argumentos fueron rebatidos por el presidente de la comisión, Henry Merán, quien sostuvo que se trata de un tema complejo en el que se ha avanzado bastante y aseguró que “más temprano que tarde el país tendrá una ley de partidos”. El diputado dijo que han revisado 27 de los 57 artículos del proyecto y que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el más interesado en su aprobación.

Pide al Conep no inmiscuirse

Recientemente el dirigente peledeísta y miembro del Comité Político, Franklin Almeyda, objetó el pedido del Conep y le aconsejó no inmiscuirse en la vida interna de los partidos.

Asimismo, acusó a un sector de la cúpula empresarial agrupada en ese organismo, de presionar al Congreso para que apruebe la referida norma sin ser debidamente ponderada con el único fin de resolver los problemas de un sector del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Loma Miranda en el limbo

Otro tema que centró la atención de la opinión pública hacia el Congreso, cuya sede fue escenario de numerosas manifestaciones y protestas, a favor y en contra, fue el proyecto que declara a Loma Mirada parque nacional. 

Tras acusaciones y cuestionamientos de varios sectores, incluyendo la iglesia católica, que ha liderado la lucha contra la explotación de níquel por parte de la multinacional Falcondo, ambas cámaras dejaron el proyecto en una especie de limbo, luego que las modificaciones introducidas por el Senado no fueran del agrado de la mayoría de diputados, que rechazaron el informe senatorial y aprobaron la pieza original del diputado Elpidio Infante. 

Los senadores por su parte, decidieron dejar perimir el proyecto, con el compromiso de reintroducirlo en la próxima legislatura que inicia el 16 de agosto.

Esta decisión fue calificada por algunos sectores como una “jugada maestra” con el fin expreso de hacer perimir el proyecto, mientras que, la diócesis de La Vega, en la persona de monseñor Antonio Camilo, quien vino en caravana desde la provincia cibaeña, acompañado de monjas, sacerdotes y comunitarios, reprochó a los legisladores dilatar la aprobación de la pieza, que asegura cuenta con el 90% de aprobación de la población.

Se aprobó la Ley de Naturalización

De las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso como parte de sus prioridades fue aprobada en esta legislatura la esperada y controversial Ley de Naturalización.

Ambas cámaras declararon de urgencia la pieza y acogieron prácticamente a unanimidad la ley introducida por el Ejecutivo que establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano, y sobre Naturalización. 

La normativa, beneficia tanto a los descendientes de inmigrantes haitianos afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), como a aquellos extranjeros que puedan probar que han nacido en territorio dominicano y no fueron inscritos en el Registro Civil interesados en adquirir la nacionalidad dominicana.

En la legislatura que culminó ayer también se ratificaron varios contratos de préstamos, así como la ley que autoriza la participación provisional del Estado dominicano en la actividad de generación eléctrica, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

El Congreso también convirtió en ley el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio, de la autoría del senador Charlie Mariotti, que establece penas de cuatro hasta 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos encontrados culpables de enriquecimiento ilícito.

La ley establece como obligatoria la presentación de las declaraciones juradas con un listado de todos los bienes en determinados plazos y penalidades a los funcionarios que falsean datos, con prisión de uno a dos años y multas de entre 20 hasta 40 salarios mínimos.  

Otros proyectos que se quedaron

Queda pendiente la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que según el presidente de la comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, Elpidio Báez, contribuirá a recuperar la confianza de la población en el cuerpo del orden y responder con eficiencia al problema de la inseguridad.

Asimismo, la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, la de Clasificación de Empresas, la del Ministerio de Industria y Comercio y Pymes, la de Carrera Sanitaria y la que crea el Servicio Nacional de Salud.

Tampoco fueron aprobados en esta legislatura los proyectos de ley del Ministerio de Interior y Policía, el que crea el Sistema de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la República Dominicana, el de Ministerios y la modificación a la Ley Orgánica de Administración Pública y el Código Civil.

Igualmente, el de Aduanas, de cheques y el de control de bebidas alcohólicas.

Proyecto de ley de bebidas

Esta última iniciativa fue reintroducida en el Senado, a raíz de una serie de reportajes publicados por elCaribe, que alertaba sobre la proliferación de negocios de expendio de alcohol en las inmediaciones de universidades, escuelas y zonas residenciales.

La pieza fue objeto de debates en vistas públicas, donde dueños de bares, colmadones y hoteleros afirmaron que de ser aprobada ocasionará grandes pérdidas al sector.

El proyecto sobre el “Control de Expendio, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas”, de la autoría de Adriano Sánchez Roa, contempla entre otras cosas, la prohibición de venta o suministro gratuito de bebidas alcohólicas a estudiantes uniformados, aún sean mayores de edad, así como la venta de licencias por parte del Ministerio de Interior y Policía, que se encargará de delimitar y especificar en cada categoría de licencia, las libertades y prohibiciones de venta y consumo, a los fines de no importunar los hogares, hospitales y centros educativos.

Secretario de la ONU visitó Congreso Nacional

El pasado 16 de julio, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visitó el Congreso y exhortó a senadores y diputados constituidos en Asamblea Nacional, a seguir trabajando para resolver la apatridia y proteger los derechos de los extranjeros nacidos en territorio dominicano. El diplomático, también felicitó a los congresistas por aprobar la Ley de Naturalización, la que considera un paso importante hacia el reconocimiento de la nacionalidad.

15 años

LEY DE PARTIDOS En el 1998 empezó a discutirse en un taller de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado.