El fraude eléctrico, que se manifiesta a través de las conexiones ilegales en hogares, tiendas y centros comerciales para obtener energía, representa un déficit financiero de unos US$150 a US$200 millones para el Estado, según informó ayer el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidas (CUED), Celso Marranzini.

En términos generales, el Gobierno registra un desequilibrio económico de US$650 millones, debido a tres desafíos: pérdidas técnicas, fraude, y problemas de facturación. Esa es la cantidad, aproximada, que el Gobierno se ve en la necesidad de buscar cada año, de acuerdo con el titular del CUED.

Este año, las distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste) han identificado y desmantelado distintas redes ilegales en múltiples empresas, indicó Marranzini. Según datos oficiales, las EDE tienen 800,000 clientes que reciben energía que no se facturan y, por ende, no se cobran.

Los casos más recientes de fraude eléctrico se registraron hace tres semanas. Edesur, por ejemplo, desmanteló conexiones ilegales en varias plazas comerciales que sustraían energía eléctrica y tenía bajo contrato a 717 nuevos clientes, con el objetivo de reducir las pérdidas y aumentar la cobranza, para optimizar el servicio de electricidad.

Uno de esos casos tuvo lugar en San Juan, donde las autoridades desmantelaron 57 conexiones eléctricas ilegales en el distrito municipal Sabana Alta e incautaron diversos tipos de cables utilizados para la sustracción de electricidad.

En un documento oficial, Marranzini explicó que las conexiones ilegales someten a los transformadores de distribución a una sobrecarga que no están preparados para abastecer.

“Eso ocasiona frecuentes cortes en el servicio por averías en los transformadores”, apuntó Marranzini, al tiempo de precisar que ese flagelo se produce en sectores con “redes en óptimas condiciones”.

“Alli debe mejorarse la gestión y también en sectores con redes inexistentes. Allí el primer peso es tender las redes para prestar un servicio adecuado”, indicó, y aseguró que en ambos tipos de situaciones se está trabajando.

Marranzini dijo que el fraude no solo incrementa las pérdidas técnicas —que ascienden a un promedio del 37% en las distribuidoras— sino que también sobrecarga los transformadores, lo que ha afectado la calidad del servicio para los usuarios regulares.

“Hay mucha resistencia en los sitios donde están las conexiones ilegales, porque han recibido energía gratis durante años y ahora se resisten a pagarla”, afirmó a los periodistas el titular del CUED.

Marranzini, que habló de la situación del sector eléctrico en una conferencia organizada por la Unión Nacional de Empresarios (UNE), dijo que la meta es reducir el 38% de las pérdidas que hay en la actualidad al 27% para 2027.

Para ello, se combinarían las inversiones, mejor gestión y medidas estricticas contra el fraude. En el caso de Edeeste, las pérdidas están alrededor de un 56%; en Edesur un 32% y en Edenorte en un 27%. “Tenemos la obligación de bajar el déficit”, subrayó.

Como estrategia a corto plazo, Marranzini dijo que el CUED ha implementado medidas operativas y de transparencia, en la que han incluido la compra masiva de transformadores y medidores, la instalación de estaciones móviles para facilitar los pagos en comunidades remotas, y la creación de un portal para los que los clientes puedan monitorear el estado de sus circuitos.

“El año 2024 debe verse como un punto de inflexión para revertir la tendencia negativa”, dijo. Para llevar a cabo esas medidas, Marranzini dijo que ya han conseguido préstamos millonarios a través del Banco Mundial y otras organizaciones financieras.

¿Qué dicen los empresarios?

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios, Leonel Castellanos, señaló que el gran problema del sector eléctrico son las pérdidas que desde hace años han generado las distribuidoras.

“Eso se ha convertido en una carga financiera para el presupuesto de la nación”, apuntó Castellanos, al tiempo de agregar que el año pasado el subsidio eléctrico representó un 42% del déficit fiscal del presupuesto.

El gremialista ha propuesto incluir al sector financiero local, en sustitución de la banca multilateral, para que participe en la reconstrucción y ampliación de las redes eléctricas, y lograr disminuir las pérdidas.